Medellín, Colombia
5, 6 ,7 y 8 de junio de 2012
Nosotros, hombres y mujeres participantes en el Encuentro Preparatorio de la Cumbre de los Pueblos realizado en Medellín, Colombia, del 5 al 8 de junio, representantes de diversas organizaciones ambientalistas, campesinas, de mujeres, de jóvenes nos reunimos en este evento de carácter autónomo, plural y auto gestionado, vinculado con la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental, por motivo de la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sustentable – UNCSD 2012, Rio+20.
El proceso de internacionalización, o mejor, la imposición del capitalismo transnacional y su modelo de acumulación se han aplicado de manera violenta en Colombia: cuatro millones 300 mil personas desplazadas, diez millones de hectáreas arrebatadas de manos campesinas, de comunidades negras y pueblos indígenas nos causan indignación y vergüenza. Más de cuatro millones de seres humanos, colombianas y colombianos, expulsados de su terruño, de su vereda, de su vecindario. Rotos los vínculos, destruida la cadena de los afectos acumulados en años y años de historia hecha en la solidaridad vecinal, en el trabajo común, en la construcción en convite y en minga, del acueducto Veredal, del trapiche comunitario, del camino vecinal. Hoy viven apeñuscados en las goteras de ciudades y pueblos, añorando su vida de antes; de la ruptura violenta de las relaciones sociales y ecológicas, culturales y económicas con su terruño, ante la imposición de modelo extractivista y depredador del medio ambiente que en el actual plan de desarrollo nacional se denominan las “locomotoras del desarrollo”.
El proceso de privatización de los bienes comunes continúa. El acaparamiento de tierras no se detiene y es muy tímida la respuesta estatal que busca restituir los derechos de las familias desplazadas mediante las leyes de tierras y de víctimas. La exploración y explotación minero-energética se hace más intensa, en la última década Colombia se ha convertido en uno de los países latinoamericanos más atractivos para la inversión extranjera en el sector minero. Entre 2001 y 2011 fueron concesionadas cerca de 6 millones de hectáreas para explotación minera y cerca de 67 millones –es decir el 60 % del territorio del país- fue solicitado para esta actividad; y en lo que respecta a la construcción de grandes represas, siempre sobre estiman los beneficios, y no se dimensionan acertadamente los impactos y conflictos generados.
Se les brindan condiciones a las multinacionales del agua, la minería, la producción de agrocombustibles y la explotación petrolera y termoeléctrica, en contra de las economías y modos de vida de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas y urbano populares.
El gobierno de Colombia ha preparado un documento que está en proceso de divulgación en el que sustenta los Objetivos de Desarrollo sostenible como una manera de tratar de concretar resultados, pues el debate y los acuerdos son etéreos hasta ahora, lo que no quiere decir que esta conferencia sea inofensiva. Al contrario, legalizará aun más las soluciones de mercado, reeditará la prepotencia y el antropocentrismo que niega la diversidad de la vida en su rica diversidad y de la vida humana, las diversas maneras de vivir y las construcciones alternativas a los problemas generados por un modelo neoliberal impuesto.
Estos objetivos definidos de manera general como viables, universales, voluntarios no pasan de ser una buena intención y un esfuerzo por sacar algo preciso de esta conferencia. Se refieren a la lucha contra la pobreza, la modificación en los patrones de consumo, el fomento del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, la diversidad biológica y bosques, océanos, recursos hídricos, mejoras en seguridad alimentaria y energía, incluyendo de fuentes renovables. Se proponen sin hacer clara referencia a nuestra tragedia colombiana, desconocen el conflicto armado y no aluden a la realidad. Es un gobierno con un doble discurso, de un lado habla de desarrollo sostenible y protección ambiental y por el otro legisla a favor de las corporaciones multinacionales y el sector privado, firma los Tratados de Libre Comercio que atentan contra nuestra soberanía nacional.
Los llamados objetivos del desarrollo sostenible se presentan de manera inconsulta, sin participación alguna de los sectores sociales, las organizaciones ambientalistas, no hacen alusión a la situación de derechos humanos que vive Colombia y no hablan de la garantía de los derechos humanos, colectivos y del ambiente.
